La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a exigir al Congreso la designación del Defensor del Pueblo, un cargo vacante desde 2009, y que sancione una ley que regule los procesos colectivos. Este reclamo se produjo al cierre de la causa iniciada para extender el alcance del "fallo Badaro" a todos los jubilados y pensionados en situación similar.
En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz destacaron que el trámite del expediente se vio afectado por la falta de un Defensor del Pueblo que pudiera adaptar la demanda a los requisitos establecidos por la Corte para este tipo de procesos. Además, los jueces señalaron que la sanción de la Ley de Reparación Histórica y las demandas individuales resueltas en estos años cambiaron el escenario del reclamo.
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