Una de las premisas básicas para la vigencia de un Estado Social de Derecho es la aplicación de pronta y debida justicia. Cuando esto no ocurre, es decir, cuando prima la impunidad o la morosidad en el juzgamiento de los delincuentes y el desamparo de las víctimas, como lamentablemente suele ser recurrente en Colombia, la legitimidad misma del sistema democrático se debilita.

Este ha sido uno de los principales debates en los últimos tiempos por distintos flancos. Por ejemplo, hay muchas críticas a la inexplicable demora de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para condenar e imponer las llamadas “sanciones propias” −que ya de por sí implican cero cárcel− a los excabecillas de las Farc procesados como máximos responsables de millares de delitos atroces. También hay intensa discusión sobr

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