La reunión de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales Penales celebrada en Córdoba marcó un punto de inflexión institucional: el cuerpo expresó su preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025, que regula la administración de bienes incautados en causas de actividades ilícitas . En un contexto de alta sensibilidad política y judicial, el pronunciamiento fue acompañado por declaraciones vinculadas a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Levinas II” y la denuncia de intromisión en el domicilio de una magistrada federal de Rosario .

Según los tres comunicados debatidos y enviados por los presidentes de las Cámaras Federales, el DNU en cuestión introduce una serie de obstáculos a la operatividad judicial. La a

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