Más de un año de negociaciones cicateras y sinuosos trámites legislativos y parlamentarios ha tardado la España de las autonomías en meterle mano a un problema enquistado de alto voltaje social y político: el hacinamiento de menores migrantes no acompañados, especialmente grave y prolongado en Canarias, Ceuta y Melilla.

El Gobierno ha venido arrastrando los pies, prisionero de sus titubeos sobre política de inmigración y su precariedad parlamentaria, hasta que no tuvo más remedio que acelerar el paso después de varios requerimientos expresos y perentorios del Tribunal Supremo. La oposición del Partido Popular ha actuado, como tantas veces, con oportunismo y demagogia.

Finalmente, se ha articulado un mecanismo en virtud del cual las comunidades autónomas más afectadas por la llegada irreg

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