Pedro Sánchez arranca el curso político 2025-2026 rodeado de escándalos, decisiones clave y un clima parlamentario incierto. Lo que debería ser una rentrée institucional medida y calculada se convierte, por segundo año consecutivo, en una cuesta empinada cargada de obstáculos judiciales y desafíos parlamentarios.

Con el presidente todavía en Andorra , donde apura sus vacaciones junto a Begoña Gómez , el Gobierno prepara una batería de acciones para abrir un curso político que será tan decisivo como imprevisible.

Septiembre negro: fechas marcadas en rojo

El próximo lunes 1 de septiembre , Sánchez presidirá el tradicional acto de inicio de curso con sus ministros, donde presentará su anunciado pacto de Estado contra el cambio climático . Dos días después, visitará Downing Street para reunirse con el premier británico Keir Starmer , en su primer encuentro bilateral desde que este asumió el cargo.

Sin embargo, mientras en Moncloa se busca proyectar imagen de liderazgo internacional y estabilidad, en el interior la realidad es mucho más turbulenta. La agenda judicial e institucional marca un calendario minado .

El frente judicial: informes, imputaciones y tensión institucional

El 5 de septiembre , el año judicial se inaugurará con una imagen sin precedentes: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , procesado, abrirá el curso en presencia del Rey Felipe VI , la presidenta del Supremo Isabel Perelló , y el ministro de Justicia, Félix Bolaños . Desde Moncloa se insiste en su legitimidad, pero la imagen pública será difícil de justificar.

Al mismo tiempo, se espera un nuevo informe de la UCO sobre la presunta trama de corrupción vinculada al PSOE. Fuentes políticas señalan la posibilidad de que se mencione en él a Ángel Víctor Torres y Francina Armengol , elevando la presión sobre el Ejecutivo.

Además, está prevista (salvo aplazamiento) la declaración judicial de Begoña Gómez , esposa del presidente, imputada por un presunto delito de malversación en relación con contrataciones en Moncloa. También comparecerá su exasesora Cristina Álvarez , señalada en la misma causa.

El caso Cerdán , que ya provocó la caída del exsecretario de Organización del PSOE y su ingreso en prisión provisional, sigue generando consecuencias. El 8 de septiembre, Leire Díez , cercana colaboradora de Cerdán, declarará en la comisión de investigación del Senado, reactivando el foco sobre las prácticas internas del partido.

Congreso: votaciones inciertas, socios desconfiados y un decreto en riesgo

En paralelo, el Gobierno enfrentará una prueba parlamentaria delicada: la convalidación de un decreto ley sobre permisos parentales . Tras el revés sufrido en julio, cuando el Congreso tumbó el decreto “antiapagones”, Ferraz busca evitar un nuevo fracaso. En este caso, intenta retrasar la votación del 11 de septiembre , coincidente con la Diada , que restaría votos clave de ERC y Junts.

El ambiente es tan incierto que desde sus propios aliados parlamentarios ya se baraja la hipótesis de un adelanto electoral a 2026 si la legislatura se ve bloqueada.

También está pendiente el debate de totalidad del proyecto de ley para implantar la jornada laboral de 37,5 horas , la gran apuesta de Yolanda Díaz . Junts mantiene una enmienda de rechazo total y, de momento, no hay pacto a la vista para retirarla.

Cataluña y Europa: otro intento fallido a la vista

El 16 de septiembre , España intentará nuevamente introducir en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales de la UE el debate sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera . El Gobierno ya fracasó en mayo y julio al no contar con apoyos suficientes, y todo indica que Bruselas sigue sin mover ficha.

Presupuestos en el aire

En el terreno económico, el techo de gasto , paso previo para presentar los Presupuestos Generales del Estado , sigue bloqueado. El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero , debe lograr un consenso parlamentario que aún no existe. Los fracasos previos —en julio y septiembre de 2024— continúan pesando.

¿Un Gobierno en resistencia o en retroceso?

Septiembre será determinante para evaluar la resistencia política del Ejecutivo . La estrategia de Sánchez parece apostar por ganar tiempo, agotar la legislatura y reforzar su imagen institucional con gestos de estabilidad —como su entrevista con Pepa Bueno en RTVE— mientras intenta contener el fuego judicial.

Pero el desgaste es evidente: un fiscal general procesado, una primera dama imputada, un ex número dos del partido en prisión, socios parlamentarios cada vez más exigentes y votaciones ajustadas son una combinación que difícilmente permite pensar en un curso tranquilo.

Sánchez necesitará algo más que “energía”, como dicen desde su entorno, para sortear esta cuesta. Porque septiembre no sólo pondrá a prueba su capacidad de gobernar, sino la viabilidad real de su proyecto político .