La política se construye con dinero. Y si ese dinero proviene de los ciudadanos, como ocurre con el financiamiento público a los partidos, no puede ser utilizado para beneficiar a quienes cargan condenas judiciales. Esa es la línea que acaba de trazar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al modificar el reglamento que regula el financiamiento partidario.

Desde ahora, los partidos no podrán contratar, con fondos públicos, a directivos, representantes, afiliados o no afiliados que tengan sentencia consentida o ejecutoriada por delitos relacionados con el financiamiento político, ni por haber mentido sobre aportes, ingresos y gastos. La medida se suma a otras restricciones ya existentes: antes se prohibía destinar dinero público a personal permanente, o a personas con condena f

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