El cobre robado ya no brilla como negocio, sino como símbolo de indignación ciudadana. Tras la operación “Oro Rojo” , que desarticuló una red internacional dedicada al robo y blanqueo de cables, comunidades de Ovalle y Limarí decidieron dar un paso más: una demanda civil colectiva contra Francisco San Martín , exdirigente, empresario minero y excandidato del Partido Republicano, acusado de amasar un millonario patrimonio con esta actividad ilícita.

San Martín, hoy formalizado, traspasó 14 propiedades a una sociedad creada días antes de su captura para intentar evitar embargos. La acción ciudadana busca precisamente que esos bienes sirvan para indemnizar a los vecinos que quedaron a oscuras e incomunicados durante los robos.

“ Es un daño tremendo, estuvimos hasta tres días desco

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