El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha prometido presentar los Presupuestos de 2026 antes de irse de vacaciones. Este compromiso llega tras dos años de legislatura sin que se hayan presentado los presupuestos correspondientes. La dificultad para consolidar una mayoría parlamentaria, especialmente con Junts y Podemos alejados del Ejecutivo, ha sido un factor clave en este incumplimiento constitucional.

La situación ha llevado a Moncloa a posponer otras normativas hasta después del verano. Entre estas prioridades se encuentran la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. Esta última ha generado controversia y ha mantenido a jueces y fiscales en conflicto con el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Además, se ha mencionado la necesidad de regular los lobbies o grupos de interés, conocida como ley "anti-Montoro", en relación con un caso de corrupción que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. La falta de consenso antes del parón vacacional también ha llevado al Ministerio de Transportes a retrasar la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, que ha estado estancada desde 2022. Esta ley es crucial para acceder a nuevos fondos europeos, pero las tensiones políticas han complicado su avance.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral, esta medida, impulsada por la ministra Yolanda Díaz, ha enfrentado dificultades para avanzar en el Congreso. El Ministerio de Trabajo ha decidido aplazar la votación, argumentando que el debate debe realizarse en condiciones favorables, alejadas de la controversia que surgió en junio por la imputación de Santos Cerdán, ex mano derecha de Sánchez en el PSOE. El objetivo es ganar tiempo para negociar, especialmente con Junts per Catalunya, cuyo apoyo es esencial para alcanzar la mayoría.

Desde Junts, han manifestado que no retirarán su enmienda a la totalidad, citando preocupaciones sobre el impacto de la medida en pymes y trabajadores catalanes. Además, la iniciativa carece del respaldo de la patronal, lo que aumenta la incertidumbre sobre su aprobación.

Respecto a la ley de acceso a la carrera judicial, conocida como ley Bolaños, el debate también ha sido pospuesto para facilitar las negociaciones con Junts. Este proyecto legislativo, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, no cuenta con el apoyo de las principales asociaciones de jueces y fiscales, que llevaron a cabo un paro significativo en julio para expresar su descontento. Aunque el Ministerio de Justicia ha minimizado la participación en esta protesta, la tensión entre el Gobierno y el poder judicial sigue siendo palpable.