La incertidumbre jurídica por decisiones del Gobierno está aumentando las controversias y litigios en el país.

Uno de los hechos más recientes se dio por cuenta de la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud. La Corte Constitucional dejó sin efectos esta intervención por vulnerar el debido proceso, ordenando la restitución a sus accionistas, que aún no se ha dado.

Esta situación generó una controversia internacional: las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital (dueñas de Keralty, el grupo al que pertenece EPS Sanitas) demandaron a Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) –institución que forma parte del Banco Mundial– por “expropiación indirecta”, reclamando 1.200 millones de dólares.

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