El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se encuentra en el centro de una controversia tras la revelación de su abogado defensor, Luis Gabriel Chaves Ortiz. Este hecho ha captado la atención pública, especialmente después de que la Fiscalía General de la Nación ordenara interceptar las comunicaciones del gobernador en el marco de una investigación que se remonta a hace seis años.

La investigación se centra en presuntos delitos de peculado y celebración indebida de contratos relacionados con dos Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía. Según la acusación, estos CAI no fueron entregados, lo que habría causado un detrimento patrimonial. Sin embargo, la Policía ha desmentido esta afirmación, confirmando que sí recibió las instalaciones.

Las interceptaciones de las comunicaciones del gobernador se llevaron a cabo durante 70 días en 2025. La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Diana Yolima Niño Avendaño, solicitó la legalización de estas conversaciones para incluirlas en el proceso de 2019. Sin embargo, la magistrada Marcela Márquez, del Tribunal Superior de Bogotá, se opuso a esta solicitud, cuestionando la actuación de la Fiscalía.

El gobernador, mientras compartía con sus hijos en un espacio deportivo en Rionegro, fue abordado por un individuo que también está bajo investigación por la Fiscalía. Según Rendón, este encuentro fue inesperado y no autorizado. En un comunicado, el abogado Chaves Ortiz indicó que el gobernador le manifestó al individuo que no tenían nada de qué hablar y que cada uno debía defenderse legalmente.

Chaves Ortiz también expresó su preocupación por la posibilidad de que lo ocurrido sea un "entrampamiento judicial". Afirmó que, debido a los antecedentes de persecución judicial en este caso, es fundamental que la opinión pública esté atenta a la transparencia del proceso. El abogado concluyó el comunicado planteando la inquietud: "¿además de chuzar al Gobernador, ahora también le hacen seguimientos?".

Además de Rendón, la Fiscalía ha interceptado a otros individuos, incluyendo a exfuncionarios de la Alcaldía de Rionegro y a la actual secretaria General de Antioquia, Martha Patricia Correa.