El Poder Judicial ha desestimado la recusación presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el juez supremo Juan Carlos Checkley. Espinoza solicitó que Checkley se apartara de los casos relacionados con el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. La fiscal argumentó que la imparcialidad de Checkley estaba en duda debido a que los abogados que lo representan y los que defienden a Santiváñez pertenecen a la misma firma legal, el Estudio Caro & Asociados.

Además, se cuestionó la decisión de Checkley de rechazar el impedimento de salida del país para Santiváñez, argumentando que no tuvo en cuenta que el entonces ministro del Interior había sido censurado por el Congreso, lo que, según Espinoza, afectaba su arraigo laboral. Sin embargo, la Sala Suprema Penal Permanente rechazó estos argumentos, indicando que la relación entre los abogados ya había sido evaluada y desestimada en una ocasión anterior cuando Checkley intentó inhibirse.

Los jueces supremos también señalaron que la censura al ministro no fue parte de los argumentos presentados en la audiencia, por lo que el magistrado no podía incorporar un nuevo dato ajeno al debate. En su resolución, afirmaron que "no se quebrantó la garantía de ser juzgado por un juez imparcial", ya que Checkley no será el juez de juicio en este caso. Por lo tanto, la recusación fue considerada infundada por falta de argumentos y pruebas adecuadas.

Con esta decisión, el juez Juan Carlos Checkley continuará evaluando las solicitudes del Ministerio Público en las investigaciones contra el ministro Juan José Santiváñez, incluyendo un posible allanamiento relacionado con el caso Ícaro.

El fiscal adjunto supremo Mirko Cano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Anticorrupción, no descartó la posibilidad de un allanamiento a las propiedades de Santiváñez en el futuro. Cano explicó que esto podría ocurrir si se presenta un hecho imputado, aunque actualmente no hay una solicitud en curso. "Definitivamente ahorita no. Lo que tenemos que trabajar es justamente con el caso", declaró Cano en una entrevista.

El fiscal también aclaró que cualquier solicitud de allanamiento tendría que ser presentada por la Fiscalía de la Nación, dado que los presuntos delitos de Santiváñez ocurrieron durante su mandato como ministro del Interior. Se le atribuye haber modificado términos de referencia en la Defensoría del Policía para beneficiar a un expolicía, así como haber exigido un soborno de 20 mil dólares para evitar el retiro de un general de la Policía Nacional del Perú.