El Ministerio Público de Perú ha anunciado la creación de una Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar en Yutupis, en el distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui, Amazonas. Esta decisión surge ante el alarmante aumento de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la región.

El fiscal adjunto provincial penal Mixto, Richard Vilchez, destacó que la nueva Fiscalía responde a las demandas de las lideresas awajún, quienes han solicitado la presencia de autoridades para abordar adecuadamente sus denuncias. Vilchez afirmó que esta sede permitirá investigar los casos con mayor rapidez, facilitando así que las víctimas obtengan justicia.

"Nuestra labor es permanente, atendemos las 24 horas del día, los siete días de la semana, pero requerimos más personal, energía con paneles solares y la implementación de una comisaría para reforzar el trabajo en la zona", indicó el fiscal.

La situación en la comunidad es crítica. Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, informó que continúan registrándose casos de abuso sexual. Según ella, la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer (CEM) le comunicó que hay al menos cuatro nuevos casos, y una adolescente está en riesgo de embarazo tras haber sido víctima de violación. "Es lamentable seguir escuchando estas situaciones. Los casos no han parado. Todavía hay contagios de VIH", expresó Pioc.

La presidenta del Consejo también subrayó la importancia de que la nueva Fiscalía esté bien equipada, con profesionales, fiscales y psicólogas mujeres que generen confianza en las víctimas. Además, enfatizó la necesidad de contar con médicos legistas permanentes y la disponibilidad de una cámara Gessel. "En Nieva, un médico legista llega cada dos semanas. No hay permanencia en la cámara Gessel. Esperamos que el médico legista también sea mujer porque hay mucha desconfianza en el médico legista", añadió.

Pioc también destacó que es fundamental que los profesionales de la Fiscalía hablen los idiomas indígenas, como el Awajún y Wampis. "Las hermanas indígenas deben contar con traductoras que hablen ambas lenguas para poder entender y expresar sus testimonios", explicó.

Asimismo, denunció que las víctimas a menudo se sienten incomprendidas o maltratadas durante el proceso de denuncia. La justicia en Condorcanqui es considerada excesivamente lenta. "A veces reprograman una fecha y no está el fiscal o juez, y tienen que volver a reprogramar y traer a la víctima. Muchas de ellas rechazan la atención porque no hay una justicia inmediata", manifestó.

Finalmente, Pioc exigió a las autoridades que mejoren la eficacia del sistema judicial en la región. "Es necesario que el personal esté bien capacitado y que las condiciones de trabajo les permitan llevar a cabo su labor de manera efectiva", concluyó.

Para quienes necesiten ayuda, se recuerda que pueden comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ofrece información, orientación y soporte emocional. Este servicio está disponible las 24 horas, todos los días del año.