El Poder Judicial ha autorizado el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de Andrés Hurtado, conocido como "Chibolín", así como de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu Lei y el confesor Iván Siucho. Esta decisión se enmarca en una investigación de la Fiscalía Suprema por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en perjuicio del Estado.

El juez supremo Juan Carlos Checkley, responsable de esta medida, argumentó que es "idónea, necesaria y proporcional" para esclarecer las operaciones atribuidas a los investigados y descubrir posibles implicados. En su resolución, Checkley destacó que la información obtenida será crucial para determinar si existen movimientos bancarios que respalden las acusaciones.

"Las exigencias constitucionales y procesales para la imposición de esta medida restrictiva en un derecho fundamental como la reserva de la información bancaria, tributaria y bursátil es que sea conforme al principio de proporcionalidad", explicó el magistrado. Además, subrayó que esta acción permitirá averiguar datos de suma importancia para el esclarecimiento de los hechos, dado el interés público que revisten los ilícitos investigados.

El juez también autorizó el levantamiento del secreto de cuatro empresas vinculadas a Hurtado, con el fin de verificar si se utilizaron sus cuentas en actos de corrupción. Andrés Hurtado, quien se encuentra cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho, es investigado por su supuesta participación en el pago de una coima del empresario Miu Lei a la fiscal Peralta, para recuperar barras de oro incautadas en 2020.

Además, Hurtado enfrenta otro mandato de prisión preventiva por nueve meses en relación con irregularidades en el trámite migratorio del futbolista Roberto Siucho en 2019. En un intento por anular su prisión preventiva, el expresentador envió una carta al Tribunal Constitucional solicitando que se revise su caso, alegando tener arraigo y pidiendo enfrentar el proceso en libertad.

El Tribunal Constitucional ha indicado que evaluará la realización de una audiencia solo si los magistrados consideran necesario un pronunciamiento de fondo. A mediados de julio, el Poder Judicial ratificó la prisión preventiva de nueve meses contra Hurtado en el marco del caso de Migraciones, a pesar de los argumentos de su defensa sobre la falta de pruebas y la existencia de arraigo.