El nuevo año político en España comienza con una creciente tensión entre el PSOE y el PP. Este conflicto se ha intensificado durante el verano, especialmente en relación con la gestión de los incendios que afectan a diversas regiones del país y el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. La situación ha llevado a algunas comunidades a recurrir a la Justicia.

Se prevé que esta dinámica se mantenga en las próximas semanas y meses. La agenda política se reanuda con varias citas judiciales que involucran al Gobierno y a Pedro Sánchez, lo que ha alimentado rumores sobre una posible crisis de Gobierno. Además, se percibe un ambiente preelectoral debido a las elecciones autonómicas en Andalucía y Castilla y León programadas para 2026.

El choque entre las principales fuerzas políticas se intensificará. La oposición planea prolongar el "calvario" del Ejecutivo, centrándose en el proyecto de Presupuestos, el 'cupo catalán', la corrupción en el PSOE y la aparente "debilidad" parlamentaria del Gobierno. Por su parte, el Ejecutivo busca agotar la legislatura, con fuentes de Moncloa indicando que esta podría extenderse hasta 2027.

La reciente remodelación de Pedro Sánchez en la Ejecutiva del PSOE, tras la detención de Santos Cerdán, podría dar paso a cambios en los ministerios. Se espera que Sánchez mantenga a los ministros que serán candidatos en las próximas elecciones autonómicas, aunque se les podría descargar de responsabilidades. Entre los nombres que suenan para un posible cambio están el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien enfrenta críticas por el gasto en defensa.

El nuevo curso político también se caracteriza por la disputa entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Al final del año anterior, PSOE y PP ya habían chocado por la gestión de crisis como la DANA en Valencia y el apagón eléctrico. Ahora, la tensión se centra en la responsabilidad por la gestión de los incendios y la atención a los migrantes. El PP ha convocado a varios ministros al Senado para que expliquen sus acciones en estas crisis.

Ambos partidos se acusan mutuamente de utilizar la situación para fines partidistas, en lugar de coordinar esfuerzos para responder a las necesidades de los ciudadanos. En respuesta a la crisis de incendios, el Gobierno aprobó la declaración de "zonas afectadas por emergencia de protección civil" en 16 comunidades autónomas y activó ayudas.

Por otro lado, el PP ha presentado un plan antiincendios que incluye medidas como un registro de pirómanos. En el ámbito de la inmigración, el Gobierno y la oposición han comenzado a enfrentarse sobre quién debe gestionar la atención a los menores no acompañados. Desde el PP, se ha afirmado que "siempre cumplen la ley" y que no permitirán que se utilicen a los menores como "moneda de cambio".

El Gobierno se enfrenta a un nuevo curso parlamentario marcado por el 'cupo catalán' y los presupuestos generales, donde carece de apoyos en la mayoría de la Cámara Baja. La oposición mantendrá su enfoque tanto en el ámbito parlamentario como en el judicial, anticipando novedades sobre varios casos que involucran a figuras cercanas a Sánchez.