El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, se encuentra en el centro de una controversia por presuntas reuniones clandestinas durante su tiempo en la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Según informes, Santiváñez abandonaba su oficina para sostener encuentros no oficiales en el restaurante Cordano, ubicado a pocos metros de Palacio de Gobierno.

Las imágenes de cámaras de seguridad revelan al menos seis ocasiones en las que el ministro se reunió con personas que no figuran en el Portal de Transparencia. En uno de los videos, se observa a Santiváñez entregando documentos a un individuo no identificado, seguido de una conversación con otro visitante. Estos encuentros han generado serias dudas sobre la transparencia de sus gestiones.

Uno de los asistentes recurrentes a estas reuniones es Marco Palacios Meza, quien ha sido señalado por la fiscalía como un presunto operador de una organización criminal vinculada a Santiváñez. Palacios, además de ser socio del estudio jurídico del ministro, lo visitó oficialmente en 13 ocasiones entre julio de 2024 y febrero de 2025. Sin embargo, las reuniones extraoficiales no están registradas.

La investigación fiscal sugiere que Palacios actuó como intermediario para direccionar contratos de defensa legal a favor de funcionarios públicos implicados en investigaciones por violaciones a derechos humanos durante las protestas de finales de 2022. Se estima que se destinaron alrededor de 200 mil soles por cada defensa, sumando un total de un millón de soles.

Se alega que Santiváñez utilizó su influencia para asegurar que las órdenes de servicio recayeran en abogados cercanos a su círculo. Esta situación habría sido facilitada por la supuesta complicidad del general PNP Máximo Ramírez de la Cruz, director de la Defensoría de la Policía Nacional, quien fue nombrado en su cargo por Santiváñez.

Ramírez ha negado cualquier favoritismo, afirmando que muchas personas solicitan reuniones en su despacho y que no sabía que podría resultar en una contratación millonaria.

Ante las acusaciones, Santiváñez ha rechazado cualquier ilegalidad, calificando las denuncias como parte de una campaña de desprestigio. A través de su cuenta no oficial, el ministro argumentó que las reuniones en el restaurante Cordano tenían justificaciones legítimas y profesionales, y que los encuentros con Palacios estaban relacionados con asuntos legales.

La situación sigue en desarrollo, mientras la fiscalía continúa investigando las actividades de Santiváñez y sus vínculos con Palacios.