La denuncia presentada por el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para destituir al juez Richard Concepción Carhuancho suscitó un debate jurídico y político. El parlamentario de Fuerza Popular consideró que el magistrado incurrió en actos “ilegales y prevaricadores” por declarar inaplicable, mediante control difuso, la Ley 32107—que prescribe delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002—durante una investigación por presunto homicidio calificado en Ayacucho en 1984.

Durante la conferencia donde anunció la acusación, alegó que Concepción Carhuancho “burló el sistema republicano de división de poderes” al no cumplir una ley aprobada y promulgada, aduciendo que solo la Corte Suprema puede aplicar control

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