Colombia y Brasil han sido escenario de decisiones judiciales impactantes que involucran a expresidentes. En agosto, Álvaro Uribe, quien fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria. Esto se debió a su culpabilidad en fraude procesal y soborno a testigos, convirtiéndose en el primer exmandatario colombiano en ser condenado en un juicio. Por otro lado, Jair Bolsonaro, exjefe de Estado de Brasil, enfrenta un juicio por un presunto complot para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, aunque él niega los cargos.

Ambos casos tienen un alto perfil y podrían remodelar la política en Colombia y Brasil, especialmente con las elecciones presidenciales programadas para 2026. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de estos dos países. En América Latina, la judicialización de expresidentes se ha vuelto común. En Perú, por ejemplo, la mayoría de los expresidentes desde la década de 1980 han sido investigados, imputados o condenados. Actualmente, cuatro de ellos cumplen condena en la prisión de Barbadillo, en Lima.

Uruguay, en contraste, se presenta como una excepción en la región. Ninguno de sus presidentes del periodo democrático ha enfrentado investigaciones o condenas. Este país ha sido destacado por su calidad democrática, ocupando el puesto 15 en el Democracy Index de The Economist en 2024. Según Ángel Arellano, profesor de la Universidad Católica del Uruguay, esto se debe a una cultura política que promueve el respeto por el uso de lo público. En Uruguay, es común que los altos funcionarios utilicen sus propios vehículos y mantengan un estilo de vida austero, a diferencia de otros países de la región.

La judicialización de la política en América Latina se puede atribuir a dos factores principales. Primero, la corrupción, que sigue siendo un problema persistente en la región. Según Transparencia Internacional, América Latina promedia 42 puntos sobre 100 en transparencia, lo que indica un nivel de corrupción significativo. Arellano señala que la cultura presidencialista en la región contribuye a esta situación, ya que el presidente tiene un papel central en el Estado, lo que puede llevar a abusos de poder.

El segundo factor es el concepto de "lawfare", que se refiere al uso de procedimientos legales cuestionables para descalificar a líderes políticos. Catalina Smulovitz, politóloga de la Universidad Torcuato di Tella, explica que este término se popularizó en la región en 2016 y se refiere a estrategias políticas que utilizan el sistema judicial para perseguir a opositores. Silvina Romano, coordinadora del Observatorio Lawfare, también ha abordado este fenómeno en sus investigaciones.

En resumen, la situación de los expresidentes en América Latina refleja una compleja relación entre la política y la justicia, donde la corrupción y el uso partidista de los procesos judiciales son temas recurrentes.