Ciudad de México. Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han comenzado sus funciones con un salario inferior al de sus predecesores, ajustándose al tope salarial establecido por la Constitución. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, recibirá un salario neto mensual de 137 mil 582 pesos, en comparación con los 206 mil pesos que percibían los ministros en la administración anterior.

Este recorte salarial coloca las percepciones de los nuevos ministros por debajo del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene un ingreso mensual de 138 mil 878 pesos netos. La ministra Lenia Batres Guadarrama es la única que recibe menos, con 128 mil 992 pesos, ya que ha decidido devolver parte de su salario a la Tesorería para no superar el ingreso que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador al momento de su llegada a la Corte en 2024. Batres también ha renunciado a beneficios como la tarjeta de comida y el seguro de gastos médicos mayores.

Además de Aguilar y Batres, otros cinco ministros han hecho público su salario bajo las mismas condiciones: Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González. Se anticipa que Irving Espinosa Betanzos y Arístides Rodrigo Guerrero García también revelen sus salarios en breve.

En su primer mensaje como presidente del Alto Tribunal, Aguilar Ortiz anunció un plan de austeridad que, según sus estimaciones, permitirá un ahorro de 300 millones de pesos anuales. También mencionó que buscará resolver los juicios promovidos por funcionarios judiciales para garantizar que nadie gane más que la presidenta de la República, lo que podría generar un ahorro adicional de 800 millones de pesos al año.

El ministro presidente también solicitará al Órgano de Administración Judicial (OAJ) que revise las remuneraciones de los ministros en retiro, ya que se han detectado percepciones que oscilan entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, muy por encima del salario presidencial. Además, se planteará la eliminación de apoyos y prestaciones consideradas excesivas.