La presión sobre la mesa de diálogos entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional-Ejército Bolivariano (CNEB) ha llegado a un punto crítico. Tras el brutal ataque en el que dos militares fueron rociados con gasolina y quemados en Villagarzón, Putumayo , la Defensoría del Pueblo se sumó a la condena general y solicitó formalmente detener los diálogos de paz hasta que el grupo armado muestre un compromiso real para cesar la violencia.

Esta contundente petición se suma al ultimátum que ya había lanzado la propia delegación de paz del Gobierno, creando un frente institucional que pone en jaque la continuidad de las negociaciones con esta agrupación ilegal.

La Defensoría del Pueblo rechazó enérgicamente los hechos y pidió al Gobierno Nacional "hacer un alto en el proceso" . La

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