En medio de un clima de incertidumbre por las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno ha decidido postergar cualquier decisión sobre la reciente derrota en el Senado relacionada con el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad. Con el Presidente Javier Milei fuera del país, sus asesores están evaluando cómo responder a la oposición, y no se descarta evitar cualquier movimiento por el momento.

A diferencia de otras ocasiones, el oficialismo no emitió un comunicado tras el traspié en el Congreso. En la cuenta oficial del Gobierno en X, conocida como "Oficina del Presidente", no se publicó información sobre los próximos pasos a seguir. Fuentes cercanas al mandatario han optado por no hablar del tema públicamente, limitándose a comentarios en off the record. "Cuando nos llegue (la ley) veremos", afirmaron, indicando que se evitarán definiciones hasta el regreso de Milei, quien se encuentra en Estados Unidos para reuniones con empresarios.

Milei regresará el sábado por la madrugada, justo al finalizar la semana hábil, lo que significa que cualquier decisión se conocerá a partir de la próxima semana. La atención se centra en la votación en el Senado, que se llevará a cabo después de las elecciones bonaerenses del próximo domingo, donde los libertarios están en una posición incierta, con encuestas que los colocan en segundo lugar detrás de Fuerza Patria.

El Ejecutivo tiene un plazo de diez días para promulgar la ley de emergencia en Discapacidad, y se espera que Milei lleve cualquier decisión al límite del plazo. A pesar de la presión, un funcionario del Gobierno aseguró: "Estamos tranquilos". Sin embargo, la Cámara alta no solo rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad, sino que también aprobó una modificación al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia, lo que podría complicar la gobernabilidad de Milei en el futuro.

Milei había manifestado su intención de llevar a la Justicia cualquier decisión que afectara el equilibrio fiscal. Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada, altos funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza comenzaron a dudar sobre la posibilidad de judicializar el rechazo al veto. Algunos indicaron que no ven viable acudir a la Corte Suprema para anular las sesiones que llevaron a esta decisión. La estrategia del Gobierno parece estar más enfocada en la gestión política que en acciones legales, a pesar de la presión que enfrenta.