La Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público ha presentado un informe con 34 recomendaciones que buscan ahorrar y controlar la expansión del gasto público en Chile. Este grupo de cinco especialistas, constituido hace cuatro meses, estima que si se implementan estas medidas, el Estado podría ahorrar hasta un 0,6% del PIB anual a largo plazo.

El informe ya ha sido entregado al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos (Dipres). La directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, aseguró que se presentará un plan de acción junto al proyecto de ley de Presupuestos 2026, donde se detallarán las medidas que se adoptarán.

Las recomendaciones abarcan diversas áreas del gasto público, incluyendo educación superior, salud, control presupuestario y empleo público. Entre las medidas de corto plazo, se propone la suspensión temporal de expansiones automáticas de cobertura y la suspensión de ciertos incisos de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, lo que podría generar un ahorro de $17.908 millones y $6.600 millones, respectivamente.

Para el mediano plazo, se sugiere mejorar la focalización de los beneficios estudiantiles en educación superior, lo que podría ahorrar $54.552 millones. También se recomienda promover prácticas de compras eficientes y revisar la dotación docente en establecimientos públicos, con ahorros potenciales de $50.924 millones y $169.241 millones, respectivamente. En cuanto a la gratuidad, se plantea modificar el mecanismo de expansión del beneficio, con un ahorro estimado de $456.502 millones.

El informe también sugiere la eliminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno, transfiriendo sus funciones al Ministerio del Interior, lo que podría ahorrar $16.027 millones. Además, se recomienda revisar la continuidad de la INJUV y otros programas públicos con bajo desempeño, lo que podría generar ahorros adicionales.

En el ámbito de la salud, se proponen medidas para fortalecer la gestión hospitalaria y mejorar la eficiencia del sistema público, con un impacto estimado de $97.162 millones. También se sugiere reducir la flexibilidad de la Ley de Presupuestos para evitar aumentos en el gasto, lo que podría resultar en un ahorro de $1.076.104 millones.

En el sector del empleo público, se recomienda congelar la dotación de personal y mantener las remuneraciones en valores nominales de 2025, lo que podría generar ahorros de $331.597 millones y $524.938 millones, respectivamente. Otras medidas incluyen la sostenibilidad financiera de los Servicios Locales de Educación Pública y la creación de mecanismos de monitoreo para racionalizar la oferta programática.

El Ministerio de Hacienda y la Dipres han afirmado que todas las medidas propuestas tienen un potencial impacto significativo en el gasto público.