La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha ordenado al Estado peruano que se abstenga de aplicar la Ley N.° 32419, que concede amnistía a procesados por violaciones a los derechos humanos. Esta decisión se produce hasta que el tribunal emita un pronunciamiento definitivo sobre el tema. La Corte reafirmó la vigencia de las medidas urgentes en los casos Barrios Altos y La Cantuta, recordando que la amnistía para crímenes como asesinatos, desapariciones y torturas cometidos entre 1980 y 2000 es incompatible con la Convención Americana, de la cual Perú es parte.

La Ley N.° 32419, promulgada en agosto, busca exonerar a militares, policías y funcionarios acusados de crímenes durante el conflicto armado interno. Sin embargo, la Corte IDH subraya que esta amnistía amenaza el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En el pasado, la Corte había declarado responsable al Estado peruano por la masacre de Barrios Altos y la desaparición forzada de estudiantes de la Universidad La Cantuta, estableciendo que las leyes de amnistía carecen de validez en casos de crímenes de lesa humanidad.

En los últimos años, el Congreso peruano ha impulsado normas que contradicen las decisiones de la Corte. En agosto de 2024, se aprobó la Ley N.° 32107, que establecía la prescripción de delitos de lesa humanidad, y un año después, la Ley N.° 32419. A pesar de haber aceptado las sentencias de la Corte IDH, el Estado peruano enfrenta un nuevo desafío, ya que tanto el Ejecutivo como el Congreso consideran que las observaciones del tribunal internacional son una injerencia en la soberanía nacional.

La resolución de la Corte IDH ha reavivado el debate sobre la posible retirada de Perú del sistema interamericano. El Congreso defendió la legalidad de la Ley de Amnistía como un acto de soberanía, mientras que el Gobierno argumentó que los tribunales peruanos pueden ejercer control constitucional sobre la norma. Sin embargo, la Corte ha reiterado que el derecho internacional prevalece sobre las disposiciones internas en casos de crímenes de lesa humanidad.

Este pronunciamiento no solo afecta a Perú, sino que envía un mensaje claro a la región: las amnistías que buscan proteger a perpetradores de violaciones graves de derechos humanos no serán toleradas en el sistema interamericano.