La reacción del gobierno de Gustavo Petro, a la derrota que tuvo en el Senado el jueves pasado en la elección del magistrado de la Corte Constitucional, aunque era de esperarse –antes de la elección el mandatario dijo que el proceso definiría todo el cuadro de alianzas en el Congreso-, es un nuevo termómetro para medir la temperatura que tendrá el ambiente político, económico y empresarial en los 11 meses que faltan para que termine el cuatrienio.

La votación que se dio en la cámara alta del parlamento, cuya diferencia fue de 21 votos, no solo confirma que no se trató de un ‘voto finish’, sino que, como lo han señalado varios sectores, fue una decisión institucional que le ratifica a la Corte Constitucional su rol como guardián de la defensa de la democracia, la independencia de poderes y

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