Un violento atentado con explosivos tuvo lugar en Trujillo, alterando la calma de la urbanización Las Quintanas. La detonación, que ocurrió alrededor de las 10:45 p.m. del 4 de septiembre, afectó al menos 30 viviendas, dejando dos de ellas inhabitables. El objetivo del ataque fue un inmueble de tres pisos perteneciente a la familia Sánchez Iparraguirre, vinculada a actividades mineras en Pataz. La dueña de la casa, Maura Sánchez, había abandonado el lugar dos semanas antes del ataque, lo que ha generado diversas especulaciones entre los vecinos sobre la naturaleza de la vivienda.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha capturado a tres sospechosos del atentado, quienes son presuntos miembros de la banda criminal ‘Los Cachacos del Padrino’, una facción de ‘Los Pulpos’. Los detenidos son Nilton Isaías Ravello Ramos, de 19 años, Everet Emilio Quintero Monasterios, de 32 años, y Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez, de 22 años. La rápida acción de las autoridades, apoyada por grabaciones de cámaras de seguridad, permitió su captura cuando intentaban huir en una motocicleta, que también fue incautada.

Durante el interrogatorio, uno de los detenidos confesó haber recibido órdenes de un individuo conocido como ‘Pelado’ para llevar a cabo el ataque. Este sujeto, según la PNP, estaría vinculado a una red criminal dedicada a la extorsión. La explosión fue tan potente que se escuchó en varios distritos cercanos, generando pánico entre los residentes. Tres personas resultaron heridas, incluyendo un menor, y varias más sufrieron crisis de ansiedad tras el estallido.

Las autoridades están investigando el posible vínculo del atentado con la minería ilegal, ya que la familia afectada tiene antecedentes en este sector. El general Carlos Llerena, jefe de la Región Policial de La Libertad, mencionó que el ataque podría ser parte de una venganza entre mafias que operan en la zona, especialmente tras el aumento de la presión policial en Pataz.

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, ha responsabilizado al Gobierno central por la creciente violencia en la región y ha solicitado medidas más efectivas para combatir la criminalidad. Asimismo, el Gobierno Regional de La Libertad ha pedido la aplicación de la máxima pena para los detenidos y ha solicitado un estado de sitio en la provincia, argumentando que la situación de inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes.

Los vecinos de la zona han expresado su temor y frustración, señalando que ya no se sienten seguros en sus hogares. La comunidad ha comenzado a organizarse para protestar contra la falta de acción de las autoridades, exigiendo respuestas ante la creciente ola de violencia que afecta a Trujillo.