Diez años después de que se empezara a investigar la 'Púnica', uno de los casos de corrupción más destacados del país en las últimas décadas, la Audiencia Nacional ha declarado este lunes culpables de la trama que afectó a la Región de Murcia a los principales investigados: el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE) y su antiguo socio Alejandro de Pedro, la que fuera directora del Instituto de Turismo de la Región Mariola Martínez Robles y el antiguo consejero murciano de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz (PP) y su jefe de gabinete, José Fidel Saura, según ha adelantado el diario La Verdad . Cada uno de ellos ha recibido penas que suman cuatro años de prisión por los delitos de fraude y cohecho.

También han recibido un año de condena por fraude y cooperador necesario por fraude Agustín Alonso, hermano del exregidor cartagenero, y Jesús Norberto Galindo, secretario del Instituto de Turismo, respectivamente; mientras que los trabajadores de la empresa Eico Francisco Javier Bueno y Sara Gargallo, que pertenecía a De Pedro, han sido ambos condenados a seis meses de cárcel como cómplices de un delito de fraude.

El antiguo primer edil cartagenero, la antigua directora del Instituto de Turismo de la Región, su secretario, el exconsejero murciano de Turismo y el que fuera su jefe de gabinete han recibido, además, siete años de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público por prevaricación administrativa.

Los socios Alonso y De Pedro eran el vínculo con los cabecillas de la trama a nivel nacional, el empresario madrileño David Marjaliza y el 'número dos' de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. Ambos murcianos diseñaron una estrategia de negocio con la que ofrecía trabajos para la mejora de la reputación online pagados con fondos públicos, como fue el caso del exconsejero Ruiz. A pesar de que los representantes políticos se beneficiaban personalmente de estas labores, eran costeados con dinero público al firmarse contratos que simulaban otros servicios, como fue la promoción de la Región de Murcia en el extranjero.

Granados, el más relevante entre los acusados de la trama principal, es quien da nombre al caso: Púnica Granatum, el nombre del árbol en latín.

Dos expresidentes se enfrentan a 11 y 13 años de prisión

El antiguo presidente murciano Pedro Antonio Sánchez (PP) fue condenado en marzo de 2023 a tres años de prisión al ser considerado autor de dos delitos de prevaricación, el primero continuado en concurso con uno de falsedad, en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad.

Previamente, en julio de 2020 la Audiencia Nacional confirmó su sobreseimiento del 'caso Púnica'. El expresidente murciano fue investigado en esta pieza separada de Murcia por presuntos de delitos de fraude administrativo, prevaricación y falsedad en una campaña de lavado de imagen cuando estaba al frente de la Consejería murciana de Educación.

El antiguo jefe del Ejecutivo murciano también tiene otra causa abierta en los juzgados de Lorca durante la tramitación de la construcción de una guardería en el municipio lumbrerense. En este caso se le investiga por una presunta malversación de medio millón de euros y se enfrenta a 13 años de prisión.

Otro de los expresidentes de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), se enfrenta a 11 años de prisión por un presunto delito de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada en el 'caso La Sal' o Escombreras. El juicio está fechado para finales de 2027.

El caso centra sus investigaciones en torno a un presunto fraude de 600 millones relativo a la construcción de la desaladora de Escombreras dentro de un entramado societario que buscaba dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno  boom  inmobiliario sin necesidad de obtener el permiso imprescindible de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como dicta la Ley de Aguas.