C HETUMAL, MX.- La XVIII Legislatura turnó esta tarde a comisiones, para su estudio y análisis, una iniciativa para adicionar el artículo 2545 Bis y reformar los 3159 y 3199 del Código Civil del Estado, con el fin de fortalecer la seguridad jurídica y patrimonial de los quintanarroenses, a través de la inscripción de las promesas de pago contractuales en el Registro Público de la Propiedad.

Lo anterior se oficializó durante la tarde de este lunes en la sesión ordinaria número 3, que fue presidida por la diputada Silvia Dzul Sánchez.

En ese contexto, el Pleno Legislativo dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto que fue presentada por la diputada Diana Frine Gutiérrez García, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades.

En su exposición de motivos, la diputada destacó que la propuesta responde a una necesidad real de la ciudadanía para garantizar certeza en los contratos relacionados con bienes inmuebles.

Recalcó que si bien el Código Civil del Estado regula la promesa de contrato, no exige de manera específica que se inscriba este en el Registro Público de la Propiedad.

De acuerdo con la legisladora, esto significa que, aunque las partes estén de acuerdo y aunque se firme ante notario público, un tercero puede desconocer la existencia de dicho compromiso.

Esta incertidumbre jurídica, dijo, puede generar riesgos diversos, sobre todo en materia de bienes raíces, como ventas dobles, litigios innecesarios y pérdida de confianza en los procesos legales.

“Esta falta de inscripción de la anotación marginal trae consigo consecuencias negativas: deja desprotegida a la parte beneficiaria del contrato, fomenta la inseguridad jurídica, y abre la puerta a prácticas como la promesa de la doble o múltiple venta de inmuebles, en perjuicio de quienes actuaron de buena fe”, recalcó.

La legisladora subrayó que la iniciativa plantea hacer obligatoria la anotación marginal de estos contratos de promesa en el Registro Público de la Propiedad, cuando se trate de bienes inmuebles o de derechos reales.

“Con la adición y reforma al Código Civil del Estado se busca brindar certeza jurídica, seguridad patrimonial y efectos vinculantes a este tipo de contratos, reconociendo su valor dentro del tráfico jurídico de bienes inmuebles y garantizando su cumplimiento obligatorio por parte del promitente”, añadió.

Afirmó que diversos estados del país han comenzado a avanzar en la inscripción del contrato de promesa en sus respectivas legislaciones, como por ejemplo, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán y Campeche.

Resaltó que esta iniciativa coloca al Estado de Quintana Roo a la vanguardia en la materia, alineando su legislación con los estándares de protección patrimonial.

“Asimismo, contribuye a fortalecer las facultades del Registro Público de la Propiedad como garante de seguridad jurídica en los actos que afectan bienes inmuebles”, concluyó.

La iniciativa será recibida en breve por la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y posterior dictamen ante el Pleno de la XVIII Legislatura. (Agencia SIM)