El Gobierno de la Junta de Extremadura ha presentado una denuncia penal en el juzgado de guardia de Mérida contra varias empresas a las que acusa de ejercer coacciones y prácticas irregulares en los procedimientos de contratación de rutas de transporte escolar.

Según el Ejecutivo regional, estas conductas tenían como objetivo alterar los precios de los contratos para obtener adjudicaciones muy superiores a los valores fijados en el acuerdo marco previamente firmado.

Aunque estas empresas son minoría, cuentan con una gran capacidad de prestación del servicio, lo que agrava el problema.

La portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano, explicó que la denuncia busca defender el derecho a la educación de todos los extremeños y garantizar la prestación de un servicio público esencial. “No vamos a pe

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