La Comisión Europea ha anunciado este martes la asignación de 1.000 millones de euros a España, provenientes de un fondo de 150.000 millones destinado a incentivar la compra conjunta de equipos militares. Este fondo forma parte de un plan de rearme que busca movilizar un total de 800.000 millones de euros en la próxima década. La cantidad asignada a España coincide con la solicitud del país, que se posiciona como el tercero en cuanto a la cuantía asignada, junto a Finlandia, que también recibirá 1.000 millones de euros.
En la lista de asignaciones, Grecia y Dinamarca ocupan los últimos lugares, con 787 millones y 46,7 millones de euros, respectivamente. Polonia lidera el reparto con una asignación de 43.700 millones de euros, seguida de Rumanía con 16.600 millones, Francia y Hungría, ambos con 16.200 millones, e Italia con 14.900 millones. Otros países como Bélgica, Lituania y Portugal recibirán menos de 10.000 millones, con asignaciones de 8.300 millones, 6.300 millones y 5.800 millones, respectivamente.
El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, destacó que el reparto de los fondos se realizó "de manera bastante abierta y sin dar preferencia a ningún Estado miembro". Además, mencionó que 13 de los 19 estados que solicitaron los fondos planean utilizarlos para apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Kubilius confía en que este instrumento será "crucial" para el futuro del conflicto.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había anunciado previamente la adjudicación de estos fondos en forma de préstamos. Sin embargo, el desglose provisional entre los Estados miembros no se hizo público hasta este martes. A partir de ahora, los países deben preparar sus planes nacionales de inversión, que describirán el uso de la ayuda financiera, y presentarlos antes del 30 de noviembre.
Una vez que los Estados miembros presenten sus planes, la Comisión los evaluará en función del margen fiscal disponible y la viabilidad financiera. El objetivo es firmar acuerdos de préstamo y operativos con los Estados miembros en el primer trimestre de 2026, con pagos que se realizarán de inmediato tras la firma.