La Contraloría General de la República dio a conocer este martes los resultados de un operativo de policía judicial realizado en julio de 2025, en el que se evidenciaron serias irregularidades en la Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país con más de 11 millones de usuarios y que permanece bajo intervención estatal desde abril de 2024.

El organismo de control recopiló información de carácter técnico, administrativo, jurídico y financiero que no había sido reportada en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud ni en los estados financieros oficiales.

Uno de los hallazgos más preocupantes está relacionado con el aumento acelerado de los anticipos pendientes de legalización. En 2023 esta cifra alcanzaba 3,4 billones de pesos, pasó a 8,6 billones en 2024 y, solo en el p

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