Yolanda Díaz llama a la movilización de los trabajadores pero esquiva el choque con Junts y señala al PP; el Ejecutivo logra salvar los permisos para el cuidado de hijos

La letra pequeña de los cambios en los permisos para el cuidado de hijos

Otro golpe de Junts al Gobierno. Y otra vez sonado. Los independentistas catalanes unirán este miércoles sus votos en el Congreso a los del PP y Vox para hacer descarrilar a las primeras de cambio la reducción de la jornada laboral de las 40 horas actuales a las 37 horas y media. Una medida que beneficiaría a 12 millones y medio de trabajadores y trabajadoras y que no solo era el buque insignia de la agenda legislativa del Ministerio de Trabajo, sino una de las reformas más ambiciosas del Gobierno para lo que queda de legislatura. Aunque Yolanda Díaz prefirió este martes apuntar al PP y no a los de Puigdemont, Junts la acusó de “engañar” a la ciudadanía y de poner en riesgo el estado del bienestar.

“Obligar a cumplir con la reducción de jornada a quien no puede asumirlo pone en riesgo el estado del bienestar. Que dejen de engañar a la gente. Lo que están haciendo es poner en riesgo el futuro de todos porque no explican quién va a pagar todo esto”, dijo la portavoz Míriam Nogueras, que compareció en el Congreso para explicar la postura de su grupo en su habitual tono duro contra el Ejecutivo.

Nogueras, de hecho, acusó al equipo de Yolanda Díaz de utilizar el chantaje y la amenaza durante una negociación en la que negó que jamás se hubieran producido siquiera acercamientos. “Hemos sido muy honestos. El Gobierno español conocía nuestra posición desde el primer día. Estamos a favor de la reducción de jornada laboral, pero también de mantener el estado del bienestar. Y algunas medidas lo ponen en riesgo. Cuando desaparece la cultura del esfuerzo, empieza el empobrecimiento”, dijo en plena sintonía con el discurso más derechista de formaciones como el PP o Vox.

La versión del Ministerio de Trabajo, en cambio, es muy diferente. Desde el Ejecutivo explican que durante las negociaciones, que se han intensificado en los últimos días y que se prolongaron al más alto nivel hasta la misma tarde del lunes, sí hubo propuestas y contrapuestas que propiciaron un acercamiento. En ese intercambio de iniciativas se llegaron a plantear, por ejemplo, ayudas millonarias a las pequeñas y medianas empresas que acreditaran dificultades para implementar la reducción de jornada. E incluso se llegaron a abordar aspectos más estrictamente políticos, como la delegación de ciertas competencias en materia laboral.

Según fuentes al corriente de las conversaciones entre la cúpula de Junts y el Ministerio de Trabajo, los independentistas catalanes habían trabajado incluso una propuesta final para desbloquear la negociación que en el equipo de Yolanda Díaz se mostraron dispuestos a estudiar. Pero todo cambió tras la reunión de la Ejecutiva de Junts este lunes.

El secretario general de los independentistas, Jordi Turull, fue el encargado de comunicar a sus interlocutores que la decisión de la cúpula de su partido era inamovible y consistía en mantener su enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley para la reducción de la jornada, lo que en la práctica impide directamente que empiece siquiera su tramitación parlamentaria. En el Ministerio de Trabajo señalan que el argumento que ofreció Turull es que el Gobierno mantiene muchos compromisos sin cumplir, en referencia a la amnistía a Carles Puigdemont o la oficialidad del catalán en Europa.

Que el portazo de Junts llegase justo después de la reunión de la Ejecutiva del partido y no en el marco de los equipos negociadores y que ni siquiera hayan permitido que la norma empiece su recorrido en el Congreso para dar oportunidad a una negociación posterior, instaló esta semana en Sumar el convencimiento de que se trata expresamente de una postura más política que de fondo. Por mucho que el discurso de los de Puigdemont sea clavado al de la patronal española y también la catalana.

“Este debate es principal, es de las normas más importantes de la legislatura porque hace 43 años que no se reduce la jornada laboral. La gente tiene derecho a vivir un poco mejor. Y esto va de qué lado está cada quién. El Gobierno y el Ministerio de Trabajo están del lado de la gente trabajadora de nuestro país”, dijo Yolanda Díaz en los pasillos del Congreso.

La vicepresidenta segunda llamó a la movilización en las calles y se comprometió a trabajar para recuperar en el futuro la norma, aunque no especificó cómo ni cuándo. “Habrá una derrota parlamentaria, pero hay derrotas que se ganan en la calle. Lanzo un mensaje de esperanza, un llamamiento a la gente trabajadora para que salga a las calles a defender sus derechos. Cuando una norma está a favor de la gente no hay viento ni hay derechas que la paren”, dijo tras esquivar el reproche a Junts y señalar a Feijóo. Este miércoles están previstas movilizaciones convocadas por UGT y CCOO a las puertas del Congreso.

En Moncloa, donde asumen la derrota parlamentaria de este miércoles como un revés, prefieren por el momento restar trascendencia política a la actitud de Junts más allá de esta norma concreta. De hecho, fuentes del Ejecutivo aseguran que la interlocución con Carles Puigdemont es permanente y que se ha visto reforzada tras la visita de Salvador Illa la semana pasada a Bruselas. Y apuntan a que después de que Junts oficializara su rechazo a la jornada laboral, el propio Puigdemont hizo llegar señales de que esto no era un portazo definitivo a la legislatura sino algo puntual. “La carpeta de los Presupuestos es completamente diferente a la de la jornada laboral”, aclaró Nogueras durante su comparecencia.

Ampliación de permisos de maternidad y paternidad

Por contra, el Congreso convalidó este martes otra de las medidas más relevantes de la agenda social que el Gobierno tenía pendiente sacar adelante después del verano: la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de hijos.

El Ejecutivo aprobó en julio, presionado por una multa de Bruselas y tras un intenso tira y afloja entre los socios, el real decreto ley que extiende hasta las 19 semanas –dos de ellas disponibles durante los ocho primeros años de vida del niño o niña– estos periodos remunerados. Un tiempo que llega hasta las 32 semanas en el caso de las familias monoparentales. Este martes consiguió el apoyo mayoritario de la Cámara Baja.

“Esta medida beneficiará a casi un millón de personas este año que tendrán más tiempo para estar con los suyos y menos agobio en sus vidas”, ha dicho la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su turno de palabra. En su discurso, quien ha liderado las negociaciones a favor de esta ampliación ha asegurado que se trata de una “cuestión de Estado que trasciende la polémica partidista”. “No hablamos solo de semanas ni de preceptos, sino de la vida real de la gente”, ha zanjado.

Al contrario que con la reducción de la jornada laboral, el Gobierno afrontaba la votación de este real decreto con cierta seguridad de que saldría adelante. Y aunque finalmente dieron los números, la mayoría de los socios de la investidura que apoyaron la convalidación –Bildu, Junts, ERC y PNV– lo hicieron con algunas críticas que rebajaron la intervención de Díaz: a las semanas remuneradas, que son menos de las que el Ejecutivo de coalición había prometido, y a la retroactividad fijada en la norma, que limita el permiso retribuido a los niños y niñas nacidos a partir de agosto de 2024.

Las medidas que contiene el real decreto entraron en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado hace un mes y medio, sin esperar a que el texto fuera refrendado en el Congreso. El Gobierno optó por este procedimiento para evitar seguir pagando una multa que impuso Bruselas por el incumplimiento de una directiva europea precisamente sobre parte de estos permisos que ya debía estar adaptada al ordenamiento español. Con todo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a principios de agosto a España a pagar seis millones de euros. El procedimiento se había iniciado en 2022.