M ÉRIDA, MX. – La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total y definitiva a la empresa Pecuaria Peninsular , ubicada en Santa María Chi, tras incumplir de manera reiterada siete medidas correctivas, entre ellas la descarga directa de aguas residuales sin autorización y la falta de caracterización de sus lodos.

La dependencia informó que, a partir de esta medida, la empresa deberá concentrarse en reparar los daños ambientales causados en la zona , mediante la elaboración de un estudio de impacto y el seguimiento al proceso de desmantelamiento y abandono adecuado del sitio.

La clausura es resultado de denuncias interpuestas desde 2021 por organizaciones civiles y comunidades mayas, que han señalado los impactos de la actividad porcícola sobre su entorno y calidad de vida. Como parte de las inspecciones realizadas en la península, Profepa ha revisado granjas en municipios como Muna, Kinchil, Izamal, Tizimín, Conkal, Progreso, Tekax, Maxcanú , entre otros.

“Este caso es fundamental para la Profepa. Conocemos la lucha de años de las comunidades, que han padecido las afectaciones a su salud y a su medio ambiente. Hoy trabajamos con ellas para lograr esta clausura definitiva”, señaló la procuradora Mariana Boy Tamborrell .

La Profepa subrayó que la atención a las granjas porcícolas de Yucatán es una prioridad ambiental y social , y que continuará con acciones para garantizar la salud pública, la protección del medio ambiente y el respeto al derecho humano a un entorno sano.

La clausura definitiva de Pecuaria Peninsular en Santa María Chi representa un triunfo simbólico para las comunidades mayas que llevan más de una década denunciando los efectos contaminantes de la industria porcícola en Yucatán.

Sin embargo, el caso también exhibe la falta de capacidad del Estado para frenar a tiempo estos abusos, pues la empresa operó durante años descargando aguas residuales sin permiso y desatendiendo medidas correctivas, pese a las inspecciones y denuncias previas.

El reto ahora será evitar que esta acción quede como un hecho aislado y avanzar hacia una regulación efectiva del sector, donde intereses económicos han pesado históricamente más que la salud y el derecho ambiental de las comunidades. (Noticariebe con información de la Profepa)