El 12 de agosto último, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema emitió un fallo que tendrá un impacto profundo sobre litigios relacionados con la propiedad de predios que se originan en el Virreinato.

El colegiado supremo ha resuelto que en una disputa por la titularidad de un terreno, la inscripción en Registros Públicos no representa necesariamente una prueba contundente, como establece el Código Civil. Según la reciente resolución de la Sala, si una persona reclama la propiedad de un predio con “documentos históricos” fechados con antelación, esta es la dueña legítima.

El caso que ventiló el tribunal supremo se inició cuando Gloria Huapaya Blas solicitó una declaración judicial de mejor derecho de propiedad sobre un terreno de 525,329 metros cuadrados, que com

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