El presidente Javier Milei ha vetado la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que ha generado un fuerte revuelo en el ámbito político argentino. A pesar de que aún le quedaba un día para reglamentar la ley, Milei formalizó su veto a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles. La ley había sido aprobada en el Congreso el 21 de agosto con 158 votos a favor, pero no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para su ratificación.

La ley vetada tenía como objetivo garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública en Argentina. Establecía partidas presupuestarias específicas para asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, así como la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir del 1 de enero de 2025, en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La oposición ha reaccionado con firmeza ante esta decisión. Se ha convocado una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles, donde se discutirá la posibilidad de rechazar el veto presidencial. El diputado nacional de Unión por la Patria, Itaí Hagman, criticó la medida, afirmando: "Milei cada vez más tirano que presidente. Le duró nada la autocrítica". Además, Hagman subrayó que no hay justificación económica para el veto, acusando al gobierno de querer destruir lo que funciona.

El gobierno argumenta que la ley no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto especifique claramente las fuentes de financiamiento. Según el Ejecutivo, las fuentes indicadas en la ley son "genéricas" y no garantizan la suficiencia de recursos. Además, se estima que la implementación de la ley podría generar un gasto público significativo, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país.

La situación se complica aún más, ya que el veto también afecta otras iniciativas, como la declaración de emergencia en pediatría y el reparto automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, que también están bajo la mira del gobierno. La oposición deberá actuar rápidamente si desea revertir el veto y continuar con el proyecto original.