La decisión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secreto, no solo era previsible, sino que había quedado descontada por el propio interesado durante su intervención en el acto de Apertura del Año Judicial y en presencia del Rey. Sin embargo, el hecho de que el Alto Tribunal haya hecho oficial el último trámite que faltaba para la apertura de juicio oral obliga a subrayar una vez más lo inédito de esta situación procesal y la necesidad, en aras de preservar la arquitectura institucional del Estado y el propio prestigio de la Fiscalía, de que García Ortiz abandone su puesto de forma inmediata y no se presente ante la sala que debe de juzgarlo ostentando la máxima responsabilidad del Ministeri

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