La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema emitió un fallo en el que quedó demostrado que tener una propiedad inscrita en Registros Públicos ya no es necesariamente la prueba más contundente de que alguien es dueño del terreno , tal como lo establece el Código Civil. Esta interpretación impacta directamente en los litigios de mejor derecho de propiedad.

El caso que dio origen al fallo involucra a Gloria Huapaya Blas , quien compró un terreno de 52,329 hectáreas a la Comunidad Campesina de Cucuya , en Lurín. Dicho predio tenía una parte inscrita, desde el 2015, a nombre de una empresa llamada Corporación Chisán , la cual había adquirido la propiedad luego de que la Municipalidad Distrital de San Bartolo se la adjudicara en 1955 y posteriormente la su

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