Partidos políticos, entidades independentistas y en defensa de la lengua y sindicatos de educación han cerrado filas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), anunciada este miércoles, que anula varios artículos clave del decreto lingüístico educativo -impulsado el Govern de Pere Aragonès en el 2024 con el apoyo del PSC, Junts, ERC y Comuns- que blindaba el catalán en las escuelas y da parcialmente la razón a la Asamblea per una Escola Bilingüe (AEB). La sentencia, que puede ser recurrida, anula disposiciones como las que fijaban el catalán como lengua vehicular y de aprendizaje , así como de idioma habitual en la actividad docente y administrativa. No se han hecho esperar las reacciones a este nuevo "ataque" de la ley contra la lengua catalana

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