El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, ha solicitado la confirmación del decomiso de 684.990.350.139,86 pesos, relacionado con el caso Vialidad que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados. Este monto se justifica por el perjuicio al Estado debido al redireccionamiento de obras públicas en Santa Cruz durante 12 años de gobiernos kirchneristas, constituyendo una pena accesoria por administración fraudulenta.

La defensa de Kirchner, liderada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ha impugnado esta decisión. Argumentan que hubo violaciones al derecho de defensa y arbitrariedad en la elección del índice de actualización. Originalmente, el Tribunal Oral Federal número 2 había fijado el decomiso en 84.835.227.378,04 pesos, cifra que fue actualizada tras la intervención de peritos de la Corte Suprema, utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El perito contable de la defensa, José Lucas Gaincerain, sostiene que el monto debería ser de 42.494 millones de pesos, lo que representa solo un 6% de la cifra calculada por los especialistas del tribunal. En su dictamen, Villar argumentó que el decomiso no es una pena, sino una consecuencia jurídica destinada a eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas ilícitamente. Además, enfatizó que la sentencia condenatoria y el monto del decomiso han sido confirmados en todas las instancias, incluida la Corte Suprema, lo que hace que la decisión sea firme y no susceptible de revisión.

El fiscal también rechazó las alegaciones de arbitrariedad en la elección del IPC, afirmando que el tribunal fundamentó adecuadamente su decisión en informes periciales. Por otro lado, desestimó los recursos de adhesión presentados por las defensas de otros condenados, indicando que no pueden introducir nuevos agravios.

La defensa de Kirchner ha calificado la decisión de los magistrados como "arbitraria" y "contraria a su propia jurisprudencia", argumentando que el tribunal modificó los alcances de la sentencia condenatoria. Los abogados han señalado la falta de motivación suficiente en la resolución impugnada y han advertido que, si sus planteos no prosperan, acudirán a la Corte Suprema y a organismos internacionales de derechos humanos.

Los jueces de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, tienen hasta mediados de la próxima semana para decidir si respaldan la posición de la fiscalía o la defensa de la ex presidenta.