El presidente Javier Milei ha decidido no judicializar el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero tampoco la aplicará según lo establecido por el Congreso. Según fuentes oficiales, el Gobierno está dilatando la reglamentación de la ley y pretende reducir su alcance, dejando a prestadores y pacientes la carga de judicializar su cumplimiento. A pesar de que la ley fue aprobada por ambas cámaras y el veto presidencial fue rechazado el 4 de septiembre, el Ejecutivo no ha avanzado en su reglamentación.

Legisladores de distintos bloques han exigido la aplicación inmediata de la ley y han amenazado con impulsar una moción contra el ministro Guillermo Francos si no se avanza. Daniel Arroyo, diputado de Unión por la Patria y presidente de la Comisión de Discapacidad, advirtió que la ley debería estar vigente esta semana, pero no hay señales en el Boletín Oficial. Desde la Casa Rosada, un funcionario respondió: “Si es de imposible aplicación, es de imposible aplicación. Que vayan y lo echen a Francos”.

El Gobierno se escuda en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda ley fuera del Presupuesto especifique su fuente de financiamiento. A pesar de que el Congreso ya estimó el impacto fiscal de la ley entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, desde Balcarce 50 afirman que la norma no cumple con ese requisito. Además, circula la versión de una “aplicación parcial” que dejaría sin efecto varios puntos clave de la ley.

La Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente hasta diciembre de 2027, contempla la regularización de pagos y actualización mensual de aranceles para prestadores, reforma del sistema de pensiones no contributivas, auditorías y mejora de la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y cumplimiento del cupo laboral del 4% en el sector público, entre otros.

Por otro lado, la reciente ratificación de la ley por ambas cámaras del Congreso ha colocado al Gobierno en un escenario de alta tensión. Milei ha afirmado que defenderá el equilibrio fiscal en todas las instancias necesarias. Sin embargo, hasta el momento, no se han reasignado las partidas presupuestarias necesarias para implementar la ley.

El interventor de ANDIS, Alejandro Vilches, ha informado que un equipo ya trabaja en la reglamentación de la ley, aunque el equipo detrás del pedido del presidente de no aplicar la ley en su totalidad está liderado por el asesor presidencial Santiago Caputo. La ley establece medidas para garantizar derechos fundamentales de las personas con discapacidad, como la educación, la salud y el empleo.

Organizaciones de prestadores están evaluando recurrir a la justicia si no se cumplen los plazos legales y podrían presentar denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público. La diputada Victoria Tolosa Paz ha reclamado la restitución de todas las pensiones suspendidas y ha denunciado incentivos para eliminar beneficios.