En un giro inesperado, el presidente Javier Milei ha ratificado el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796. Este veto se produce en medio de la cuenta regresiva para que se venza el plazo que tenía el Gobierno nacional para frenar las leyes impulsadas por la oposición. El proyecto, que había sido sancionado el 22 de agosto, será devuelto al Congreso de la Nación y quedará sujeto a su tratamiento por ambas cámaras.

La ley en cuestión contemplaba una recomposición salarial, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos por un año. Durante una sesión clave en el Senado, la iniciativa logró reunir 62 votos a favor y solo ocho en contra. Sin embargo, en la madrugada del jueves, se oficializó el veto mediante la publicación del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial. En el segundo artículo del documento se dictaminó: “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”.

El Gobierno había criticado fuertemente la medida, argumentando que su aplicación tendría un impacto fiscal significativo en las arcas del Estado nacional. Una fuente cercana a Casa Rosada había anticipado que la ley de emergencia pediátrica sería vetada, afirmando: “Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo. No hay plata”. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Tesoro Nacional tendría que desembolsar $65.573 millones para su implementación.

Además, desde Balcarce 50 se mencionaron otros rechazos que se emitirían contra la Ley de Financiamiento Universitario y la norma que modifica el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), aunque esta última aún no está confirmada. Hasta ahora, la ley de emergencia pediátrica ha sido la primera en ser vetada por el Presidente.

La declaración de emergencia sanitaria había sido considerada una victoria para la oposición en el Palacio Legislativo. Esta ley surgió como respuesta a las demandas de los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes realizaron movilizaciones para exigir la sanción de una ley de emergencia pediátrica y un aumento salarial. El proyecto destacaba la necesidad de una "asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial" para garantizar la atención pediátrica en el país.

La normativa también contemplaba la recomposición inmediata de los salarios para el personal de salud que atiende a la población pediátrica, evaluando un ajuste salarial bajo criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. La medida incluía a los residentes nacionales de salud, abarcando así un amplio espectro de profesionales involucrados en la atención pediátrica.