La empresaria Sada Goray presentó una demanda contra el Ministerio Público, solicitando una reparación económica de un millón de dólares por daños y perjuicios. En el escrito judicial, responsabiliza directamente a la fiscal superior Marita Barreto y al fiscal Freddy Niño, integrantes del equipo especial que investiga el caso Vivienda por crimen organizado.

Goray argumenta que la detención preliminar de la que fue objeto careció de fundamentos legales y que se habría ejecutado con un uso excesivo de las facultades fiscales. Según sostiene, la intervención habría vulnerado garantías constitucionales como el derecho a la libertad personal y el debido proceso.

La empresaria asegura que las medidas dictadas afectaron su imagen pública, sus negocios y su vida personal, generándole perju

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