La promulgación de la Ley de Amnistía constituye uno de los episodios más graves contra el Estado de derecho. Con ella el Congreso intenta, a la fuerza, consagrar la impunidad de graves violaciones de derechos humanos.

Los miembros del pacto que sostiene el régimen confían que pueden pasar por encima de la Constitución, los compromisos internacionales del Perú y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Piensan que con la cooptación institucional que han logrado hasta el momento tienen herramientas para seguir deshaciendo nuestra casi inexistente democracia.

Frente a esta imposición, han sido los jueces —valientes y fieles a su juramento de respetar la Constitución y el derecho internacional— quienes han puesto freno a la arbitrariedad.

A través del control difuso y

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