Desde el atentado al senador del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe en junio y su posterior muerte en agosto, Colombia vive una espiral de incidentes violentos que agravan la preocupación por la seguridad pública en una nación que durante décadas ha luchado contra grupos armados y organizaciones ilegales que intentan subvertir el orden público y político (esta semana, en Medellín se registró un atentado contra una torre de energía en el barrio Loreto que se le atribuyó a las disidencias de las Farc). Sin embargo, a diferencia de las guerras ideológicas que una vez asolaron al país, la violencia actual es fragmentada, impredecible y arraigada en la gobernanza criminal. Eso sí, su impacto en la política es igual de desestabilizador.

Ahora el miedo acompaña cada acto

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