El Poder Judicial ha ordenado la suspensión temporal de Víctor Zanabria Angulo como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) por un periodo de 18 meses. Esta decisión se enmarca en una investigación por presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad. Ante esta situación, Zanabria deberá dejar su cargo en las próximas horas.

El abogado especialista en legislación policial, Stefano Miranda, ha indicado que, según la normativa vigente, Óscar Arriola, actual jefe del Estado Mayor de la PNP, asumirá de manera interina como comandante general. Miranda explicó que el Decreto Legislativo 1149 establece que el jefe del Estado Mayor debe asumir el mando de forma temporal en caso de suspensión del comandante general. "La resolución judicial es de cumplimiento obligatorio e inapelable mientras se ejerce el cargo", afirmó.

Miranda también destacó que esta suspensión no se considera una sanción penal ni administrativa, sino una medida preventiva para evitar riesgos procesales. Aunque Víctor Zanabria tiene derecho a apelar la decisión, debe acatar el mandato judicial de inmediato. El especialista instó a Zanabria a dar el ejemplo cumpliendo con la ley, señalando que "el comandante general debe dar el ejemplo como funcionario encargado de hacer cumplir la ley".

Óscar Arriola, quien ha estado al frente del Estado Mayor, ha comentado sobre la gravedad de las acusaciones que enfrenta Zanabria. Aguardará la confirmación oficial de su relevo, aunque ha manifestado que está preparado para asumir la responsabilidad. "Siempre he estado preparado para lo que Dios designe en cualquiera de los momentos", expresó en una entrevista.

La suspensión de Zanabria se establece en un contexto de serias acusaciones que incluyen colusión agravada y uso indebido de recursos públicos. Las irregularidades se remontan a hechos ocurridos entre junio y noviembre de 2020, relacionados con contratos y compras en la IX Macro Región Policial de Arequipa. Se ha detectado la apropiación indebida de fondos públicos, así como la utilización de personal policial en actividades no autorizadas.

El Poder Judicial fundamentó su decisión en la necesidad de garantizar la continuidad de la investigación y evitar posibles riesgos de fuga o destrucción de pruebas. La medida busca respetar los límites legales establecidos, asegurando que la suspensión preventiva no exceda la mitad del tiempo que correspondería a la pena de una eventual condena.