El Gobierno argentino ha confirmado la promulgación de la ley de discapacidad, ratificada por el Congreso tras rechazar el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, el Ejecutivo ha aclarado que no se reglamentará hasta que se defina el financiamiento necesario para su implementación. Esta ley fue impulsada por la oposición y recibió un amplio apoyo parlamentario, superando los dos tercios requeridos en ambas cámaras para rechazar el veto presidencial.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, anunció que la ley será promulgada, pero condicionó su aplicación a la definición de los recursos. "El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos", explicó Francos. Además, enfatizó que el Congreso debe establecer de dónde provendrán los recursos para financiar la ley, advirtiendo que no es responsabilidad del jefe de Gabinete encontrar las partidas necesarias.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la ley podría aumentar el número de beneficiarios entre 493,000 y 946,000 personas, lo que implicaría un refuerzo fiscal significativo. Se prevé que el gasto adicional sea equivalente al 0.22% y 0.42% del PIB. El financiamiento exigido para la compensación de emergencia a prestadores se estima en $278,323 millones, mientras que la asignación para talleres de producción ascendería a $7,160 millones.

La ley de emergencia en discapacidad surge tras una movilización masiva de la sociedad civil, en respuesta a una crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad. Esta crisis se vio agravada por el congelamiento de recursos y una drástica reducción en el número de beneficiarios, tras una auditoría que generó fuertes cuestionamientos. Las medidas fueron implementadas por la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de Diego Spagnuolo, quien fue destituido tras la revelación de audios que implicaban un supuesto circuito de coimas.

Uno de los aspectos clave de la nueva ley es el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad. Los beneficiarios deberán poseer un Certificado Único de Discapacidad (CUD), no tener ingresos superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, y pasar una evaluación socioeconómica. La asignación será del 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado, siempre que los ingresos no superen el límite establecido.

La ley también contempla la transformación automática de pensiones no contributivas ya otorgadas, evitando que los beneficiarios deban realizar nuevos trámites. Además, se fortalecerá el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, con actualizaciones automáticas de aranceles ajustadas al índice de precios al consumidor (IPC).

Finalmente, se establece un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores vinculados al sistema de discapacidad, que incluye la condonación de intereses y la posibilidad de refinanciar planes de pago.