El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda de nulidad contra el decreto 33 del 17 de enero de 2025 expedido por los Ministerios de Agricultura y Justicia que busca agilizar los procedimientos de negociación directa para la adquisición de predios rurales por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La Fundación para el Estado de Derecho , indica que este decreto modificó de manera sustancial el régimen de adquisición de predios rurales, alteró la operatividad del servicio público registral en zonas de reforma agraria y reintrodujo la opción privilegiada de compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

“Entre otras medidas, impuso a los particulares de municipios priorizados la obligación de informar a la ANT sobre cualquier negocio

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