La Comisión Europea ha emitido una advertencia sobre el contrato del Ministerio del Interior español con la empresa china Huawei. Este acuerdo, que asciende a 12,3 millones de euros, está relacionado con el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales y ha sido calificado como un posible foco de injerencia extranjera. La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, destacó que este contrato "puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible".

La advertencia de Bruselas se produce tras una consulta del eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, quien cuestionó si la adjudicación se alinea con las recomendaciones de la UE sobre la seguridad de las redes 5G. Virkkunen recordó que, desde junio de 2023, la Comisión ha considerado que Huawei y ZTE presentan "riesgos significativamente mayores" que otros proveedores de 5G. En consecuencia, se ha comprometido a evitar la exposición de sus redes de comunicaciones a estas empresas y a restringir su acceso a financiación europea.

El contrato ha suscitado críticas en España, donde se ha argumentado que compromete la seguridad del Estado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la adjudicación, asegurando que todos los productos de Huawei cumplen con las normativas locales. Sin embargo, la oposición ha exigido explicaciones en el Congreso y el Senado sobre los riesgos asociados a este acuerdo.

Virkkunen también indicó que la Comisión examinará la seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y comunicación en una futura revisión del reglamento de ciberseguridad. Aunque no se anunciaron medidas concretas, la vicepresidenta instó a los Estados miembros a "adoptar medidas para mitigar los riesgos asociados a estos proveedores".

El contrato con Huawei ha llevado a tensiones diplomáticas, incluyendo la suspensión del intercambio de inteligencia entre España y Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. La situación actual pone de relieve la creciente preocupación en Europa sobre la dependencia de proveedores de telecomunicaciones considerados de alto riesgo.