Al Gobierno regional no le ha gustado nada la propuesta de los partidos independentistas de incluir en el proyecto de ley de atención al cliente la obligación a las empresas de más de 250 trabajadores y que facturen más 50 millones de euros de atender a la clientela en lenguas cooficiales . Esta medida afectaría a las empresas con base fuera de las comunidades bilingües, según señalaron fuentes de Junts.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, afirmó que se trata de una decisión que "ha vuelto a poner de manifiesto la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez".

Aunque el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy , se mostró partidario del "derecho a utilizar las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales", apartá

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