La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso sanciones propias a 12 exintegrantes de la fuerza pública, al declararlos máximos responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos entre 2002 y 2005, presentados como bajas en combate por el Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, con sede en Valledupar.

La sentencia establece penas restaurativas de hasta ocho años , que incluyen la participación en proyectos de memoria, reparación y reconstrucción social en territorios afectados por el conflicto. Entre las medidas ordenadas se encuentran la construcción de un mausoleo con 700 osarios en Valledupar, la creación de centros culturales y de memoria para los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa, y obras comunitarias para consejos afrodescendientes en la Costa Caribe.

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