Luego de conocerse la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el secretariado de las Farc, quienes fueron sentenciados el pasado jueves a un máximo de ocho años de trabajos restaurativos al ser hallados responsables de los asesinatos y desapariciones forzadas de 135 personas, reportados ilegalmente como guerrilleros o delincuentes caídos en combate o "falsos positivos".

Una de las medidas incluyen labores como la búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario y sustitución de cultivos.

Sin embargo, al revisar con cuidado sus más de 600 páginas, el documento deja la sensación de que lo aprobado no es tanto una condena, sino un listado de beneficios que los sancionados recibirán bajo el amparo del Estado durante los próximos ocho años.

Uno de los

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