En Colombia, la justicia transicional avanza entre la esperanza y el desencanto.

Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó dos sentencias históricas que tocan fibras profundas del conflicto armado : la primera contra siete exintegrantes del último secretariado de las Farc, responsables de 21.000 secuestros; y la segunda contra 12 exmilitares del Batallón La Popa, hallados culpables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe entre 2002 y 2005.

Ambas decisiones marcan un hito en el cumplimiento del acuerdo de paz de 2016 , pero dejan al país dividido entre quienes ven un avance en la búsqueda de verdad y quienes sienten que las penas —máximas de ocho años sin cárcel— no corresponden a la magnitud de los crímenes.

Las sanciones impuestas por la J

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